LEY ANTIGRAFITI(Fuente revista PROCESO)

PUEBLA, Pue. (apro).- El Congreso local aprobó este miércoles la llamada “Ley Antigrafiti”, que incluye una pena de hasta seis años de cárcel a quien “de manera dolosa” cause daños o haga pintas en bienes inmuebles.
La iniciativa del diputado Eukid Castañón Herrera proponía hasta 12 años de prisión, pero fue modificada ante las críticas de grupos y organizaciones sociales. Los cambios legislativos aprobados incluyen considerar como “delito grave” las afectaciones que se hagan a edificios históricos o arqueológicos.
La reforma al Código de Procedimientos Penales en los artículos 413 y 413 bis, señala que cuando los daños sean contra una propiedad privada, se impondrán penas de uno a tres años de cárcel, trabajo comunitario de 30 a 90 días y derecho a fianza. Los acusados tendrán la posibilidad de obtener el perdón por parte del afectado bajo el compromiso de resarcir el daño.
En cuanto a bienes públicos, como equipamiento urbano e infraestructura, se impondrán de dos a cuatro años de cárcel con trabajo comunitario, y la posibilidad de solicitar el perdón al gobierno del estado a través del Ministerio Público tras arreglar el bien dañado.
En el artículo 413 Ter se señala que cuando se afecte inmuebles que tengan un carácter histórico, cultural, arquitectónico o arqueológico, se castigará al responsable con penas de tres a seis años de prisión, sin posibilidad a pagar una fianza ni solicitar el perdón de las autoridades estatales.
En entrevista, la diputada local y presidenta estatal del PRD, Socorro Quezada Tiempo, quien votó en contra de la iniciativa junto con otros tres legisladores, resaltó que la reforma aprobada criminaliza la protesta y que sólo conseguirá llenar de jóvenes las cárceles de Puebla.
El diputado Eukid Castañón defendió su propuesta al asegurar que no se trata de criminalizar el grafiti, sino de proteger los bienes particulares y patrimoniales, pero Quezada manifestó que con los cambios aprobados el “grafiti” se equiparará ahora con el homicidio.
“En Puebla vale más un monumento histórico que la vida humana”, reclamó. “No es posible que se quiera criminalizar algún tipo de protesta, porque realmente el país no está para bollos y los jóvenes se quieren manifestar”, subrayó.
Luego advirtió que el término “doloso” que contempla la reforma al Código Penal para castigar las expresiones resulta ambiguo y dará pie para que se proceda contra los participantes de manifestaciones sociales.
La perredista lamentó que el Congreso local esté más interesado en sancionar manifestaciones que en atender problemas graves como la discriminación y los crímenes de odio.